La última milla entra en fase más operativa
El cambio más inmediato está en el acceso terrestre. La Mesa Vial de la Comlog avanzó en una agenda de seguridad asociada a la última milla y en una propuesta para mejorar el ingreso de camiones al puerto, con foco en cargas que hoy siguen expuestas a fricción operativa y riesgos en el tramo final.
Dentro de ese paquete, Puertos de Talcahuano habilitará este año una Zona de Regulación de Frecuencia, es decir, un antepuerto cerrado y con servicios donde los transportistas podrán esperar su turno de ingreso en mejores condiciones. En la práctica, el puerto se acerca a soluciones extraportuarias que ya se discuten en la evolución de las zonas logísticas de respaldo en Valparaíso y en el debate sobre puertos secos y ordenamiento de flujos.
Seguridad, tránsito y trazabilidad ganan peso en Talcahuano
El refuerzo no pasa solo por infraestructura. El plan considera activación de alertas, conexión con televigilancia municipal, información semanal a policías sobre peaks de carga, capacitación a transportistas para denunciar y mejoras en el flujo hacia el terminal. A eso se suma una propuesta de interconexión entre SVTI y Sitcomex, que apunta a reducir fricciones documentales en la cadena terrestre.
Ese enfoque conversa con otros procesos de digitalización y soporte logístico que el sitio ya ha seguido, como el despliegue de VUMAR y sus exigencias de integración o el refuerzo de capacidad de apoyo en el Biobío, visible en el nuevo centro logístico Rocuant en Talcahuano. En San Vicente, además, el plan vial se complementa con cruces ferroviarios automatizados y un Plan Integral de Gestión de Tránsito que termina a fines de este año.
La nueva concesión ya pasó a etapa formal ante el TDLC
En paralelo al frente operativo, Puertos de Talcahuano ya ingresó al TDLC la propuesta de bases para la concesión portuaria 2030–2059 del terminal marítimo San Vicente. El esquema planteado es monoperador, con un plazo de 30 años y obras obligatorias orientadas a sostener competitividad, eficiencia y estándares de servicio.
La hoja de ruta hoy es más clara que hace un año. El objetivo es obtener el pronunciamiento del tribunal, realizar la licitación pública durante 2028 y dejar que el futuro concesionario inicie operaciones en enero de 2030. En el sistema portuario chileno, este tipo de secuencia ya se observa también en discusiones sobre accesos terrestres y cronogramas logísticos y en la necesidad de asegurar continuidad operacional, como muestra la presión de carga en San Antonio.
La conexión vial pendiente sigue siendo el punto decisivo
El cuello de botella de fondo no desaparece mientras falte la conexión vial de alto estándar entre la Ruta Interportuaria y San Vicente. Ese proyecto suma 4,3 kilómetros en dos tramos y, según Puertos de Talcahuano, permitiría sacar camiones de calles residenciales donde viven más de 47 mil personas. La reciente RS abre la puerta para ir a buscar financiamiento, pero el mercado seguirá mirando ejecución, plazos y coordinación institucional.
Por eso, la señal de San Vicente es doble. A corto plazo, ordena la última milla con medidas concretas para camiones y seguridad. A mediano plazo, prepara una nueva concesión con obras obligatorias y un marco más claro para el terminal. La variable que seguirá el sector será si ambos frentes —acceso y concesión— logran avanzar con sincronía real y no como proyectos separados.
Más detalles oficiales fueron publicados por Puertos de Talcahuano y en la información sobre el ingreso de bases al TDLC.
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